Resumen
La mesa redonda 1 se celebró como parte del debate sobre el subtema 1 de la Conferencia: "Mejorar la coherencia a todos los niveles en la formulación de políticas globales para el desarrollo económico sostenible y la reducción de la pobreza, incluida la contribución de los enfoques regionales".
La presidió el Excmo. Sr. Joe Baidoo-Ansah, Ministro de Comercio de Ghana. El Sr. Danny Leipziger, Vicepresidente de Reducción de la Pobreza y Manejo Económico, del Banco Mundial, actuó como moderador del debate. Participaron como panelistas la Excma. Sra. Tarja Halonen, Presidenta de Finlandia, la Sra. Patricia R. Francis, Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, el Excmo. Sr. Albert Koenders, Ministro de Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos, la Sra. Rachel Mayanja, Subsecretaria General de las Naciones Unidas, Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, y el Sr. Bader Al-Dafa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental. El Dr. Supachai Panitchpakdi, Secretario General de la UNCTAD, pronunció una declaración introductoria. Los principales intervinientes fueron el Excmo. Sr. Joao Gomes Cravinho, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación de Portugal, y el Sr. G. L. Peiris, Ministro de Fomento de las Exportaciones y Comercio Internacional de Sri Lanka.
Hubo acuerdo general en que la cuestión de la distribución de los ingresos había pasado a ocupar un lugar central en el debate sobre la globalización, y en que la aceptación social de esta última era esencial para su sostenibilidad. Aunque la globalización producía en general beneficios netos y contribuía también a la reducción de la pobreza, sus efectos en el crecimiento estaban mal distribuidos y hasta el momento su contribución a la igualdad de género había sido escasa. Por consiguiente, los progresos en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio diferían considerablemente de una región a otra y entre los distintos países.
Varios oradores observaron que, si bien más de dos decenios de reformas orientadas hacia el mercado en los países en desarrollo habían ayudado a lograr "precios correctos", esas reformas en su mayor parte no habían reducido, y en algunos casos habían incluso aumentado las disparidades sociales. Las políticas orientadas a atraer la inversión extranjera directa habían carecido con frecuencia de capacidad de integración social, en el sentido de ofrecer nuevas posibilidades de actividad económica a los sectores más pobres de la población. Otro aspecto que se destacó en este contexto fue el efecto que la creciente emigración de los jóvenes de una serie de países en desarrollo estaba teniendo sobre la estructura social de esos países; se señaló que los beneficios potenciales de esa migración, consistentes en las remesas de los trabajadores, tenían que sopesarse también con las pérdidas provocadas por el éxodo intelectual.
En este contexto hubo apoyo general a la idea de que el crecimiento era una condición necesaria para corregir las disparidades sociales pero no conducía automáticamente a la reducción de la pobreza y el progreso social. Estos objetivos tenían que perseguirse como metas de política adicionales. No importaba sólo la cantidad del crecimiento, sino también su calidad: se estimó que era necesario concentrarse más en las inversiones que ofrecieran oportunidades de empleo adicionales con una remuneración aceptable y que fueran compatible con los objetivos sociales y ambientales. También se consideró importante asegurar la estabilidad, y lo que un panelista denominó "la seguridad humana", en el proceso de crecimiento, puesto que, cuando no había sistemas de seguridad social eficaces, los sectores más pobres de la población y las mujeres eran, con frecuencia, los más gravemente afectados por los recortes en los presupuestos gubernamentales y el deterioro de las condiciones sociales y sanitarias. Los problemas que habían surgido en los últimos tiempos a raíz del marcado aumento de los precios de los alimentos ilustraban la fragilidad de los avances en la reducción de la pobreza.
Un elemento específico de la mesa redonda fue su perspectiva de género. Un panelista subrayó que era la primera vez que las cuestiones de género ocupaban un lugar central en las deliberaciones de la UNCTAD. Se observó que, si bien la globalización en algunos casos había ayudado a crear empleo para las mujeres y había dado a éstas más oportunidades de hacerse oír, con frecuencia había aumentado la desigualdad de género; un panelista estimó que el 75% de los pobres del mundo eran mujeres. En la mayoría de los países en desarrollo, los empleos para las mujeres trabajadoras eran aún menos seguros que los de sus colegas varones, ya que la fuerza laboral femenina se utilizaba como "amortiguador" en los períodos de desaceleración o crisis económica, y a menudo las mujeres no estaban cubiertas por ningún sistema de seguridad social. Seguían siendo discriminadas en la contratación y en los derechos laborales, y las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres eran todavía considerables. Además, varios participantes en el debate interactivo se refirieron al problema persistente de las diferentes formas de violencia contra la mujer, que exigía una mayor atención de parte de los responsables de la formulación de políticas.
Los participantes en la mesa redonda consideraron que mejorar el equilibrio de género y potenciar la situación social de la mujer no eran sólo objetivos por derecho propio, sino también un imperativo económico, dado el potencial económico de la fuerza laboral y empresarial femenina. Por consiguiente, la eliminación de los obstáculos jurídicos, culturales y estructurales a la participación de la mujer en la actividad económica y en la adopción de decisiones políticas debería ser un elemento central de las políticas de desarrollo y de la buena gobernanza. En este contexto, se examinó la cuestión de los cupos de participación femenina en la vida pública y, mientras que algunos oradores destacaron los resultados positivos de la aplicación de esos cupos, otros los consideraron menos útiles en las condiciones imperantes en sus países.
Hubo acuerdo entre los participantes en que, si se disponía de las políticas y las estructuras de gobernanza adecuadas, lograr ser competitivos en un mundo en proceso de globalización y alcanzar al mismo tiempo la justicia social eran objetivos que no se contraponían sino que podían reforzarse mutuamente. Varios oradores dejaron en claro que para una mejor gestión de la globalización se requería una combinación práctica de mecanismos de mercado y orientaciones de los gobiernos en los distintos niveles de gobernanza. Con ese fin, pidieron que se fortaleciera la función del Estado en el proceso de desarrollo en general, y en las esferas de la distribución de los ingresos, la creación de empleo y el equilibrio social y de género en particular.
Algunos participantes sugirieron que, para rectificar las imperfecciones del mercado, las políticas nacionales debían complementarse con un marco institucional más sólido de gobernanza económica mundial, aumentando la participación de los países en desarrollo en la adopción de decisiones internacionales. Sin embargo, se consideró necesario que los países conservaran un espacio de políticas suficiente a nivel nacional, para aplicar sus estrategias específicas de aceleración de un desarrollo socialmente integrador, teniendo en cuenta las circunstancias económicas y culturales propias de cada país. Un interviniente señaló que, en el pasado, las prescripciones normativas de las principales organizaciones internacionales no habían logrado, en muchos casos, sus objetivos, mientras que entre los países en desarrollo que habían tenido más éxito se contaban muchos que no habían seguido esas prescripciones.
Todos los participantes consideraron que el fortalecimiento de los esfuerzos por mejorar la educación revestía una importancia clave para reducir las disparidades sociales, subsanar el desfase educacional entre la mujer y el hombre y preparar a la nueva generación para los retos y oportunidades de la globalización.
Varios oradores subrayaron la importante contribución que estaban haciendo las pequeñas y medianas empresas a la creación de empleo y la generación de ingresos entre las mujeres y en los sectores más pobres de la población. Un orador señaló que esas empresas a menudo se gestaban en el sector no estructurado que, aunque escapase al ámbito reglamentario del Estado, debía reconocerse también como una fuente de crecimiento y empleo de la población y merecía más atención de parte de los responsables de la formulación de políticas. Con respecto a África en particular, un panelista sugirió que el sector de la elaboración de alimentos podría encerrar un gran potencial de nuevas actividades económicas que hasta el momento no se había aprovechado del todo.
Se consideró que la cooperación y el diálogo entre los responsables de las políticas y el sector privado respecto de la elaboración de estrategias de desarrollo y de políticas socialmente aceptables para el cambio estructural no era sólo un importante elemento de la buena gobernanza, sino también un factor esencial para el éxito de las políticas gubernamentales, especialmente desde el punto de vista de su impacto social.
Varios oradores destacaron asimismo la necesidad de fortalecer la cooperación e integración Sur-Sur, en particular a nivel regional, en vista de que el comercio entre los países en desarrollo comprendía una proporción relativamente alta de productos intensivos en mano de obra. Un panelista citó el caso de Escandinavia como ejemplo de una cooperación regional particularmente lograda.